¿Cuánto se auditó en el acuerdo de punto final?

En un reciente blog realizamos una explicación sobre los valores que fueron reconocidos por el Ministerio de Hacienda como deuda pública en el acuerdo del punto final[1]. Sobre dicho acuerdo hay también varios escritos anteriores en esta página web[2].

En este blog presentamos la información sobre lo auditado en la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES, antes Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA), presentado por las diferentes Entidades Responsables de Pago (ERP- principalmente EPS) que operan en el régimen contributivo, respecto a los insumos, procedimientos y actividades no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS, antes Plan Obligatorio de Salud – POS).

Para obtener la información se presentó un derecho de petición a la ADRES que no fue respondido, siendo necesario acudir a una acción de tutela que fue fallada a favor ordenando[3] resolver la petición presentada. Finalmente, fue recibida la información solicitada[4], es decir, que los datos presentados en este blog corresponden a los suministrados por la entidad mencionada, a corte del 31 de diciembre de 2020.

Los aspectos principales de la información aportada se encuentran a continuación:

El trámite en la ADRES

De conformidad con lo ordenado en el decreto No. 521 de 2020, las ERP deben presentar a la ADRES las facturas de los insumos, procedimientos y actividades no incluidas en el PBS. Una vez recibidos, la mencionada administradora procede a auditarlas y aprobarlas, para luego solicitar al Ministerio de Hacienda constituir como deuda pública los valores aprobados a cada ERP. Surtido este paso, el ministerio desembolsa a la ADRES para que esta proceda a pagar, bien sea por giro directo a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), a proveedores o directamente a cada ERP.

En consecuencia, es fundamental para el cumplimiento del acuerdo de punto final que la ADRES audite y apruebe las facturas presentadas por las diferentes ERP. Dicho de otra manera, no hay posibilidad de pagos dentro del mencionado acuerdo sin la aprobación de las facturas por parte de la ADRES, en consecuencia, la función de la ADRES en el proceso es fundamental.

 

Lo presentado y lo auditado

Dentro del acuerdo de punto final, al 31 de diciembre de 2020, las diferentes ERP presentaron en total 1.283.748 ítems por un valor de $906.153.736.073,96. Es importante precisar que cada tecnología o servicio en salud debe ser presentada de manera individual, es decir sin agrupamiento, por consiguiente, una sola factura puede incluir varios ítems.

Del total de ítems presentados fueron auditados 739.675 (57,6% de lo presentado) por un valor de $394.419.570.975,14 (43,52% de lo presentado).

Lo aprobado y lo pagado

Del valor auditado ($394.419.570.975,14) fueron aprobados $219.820.040.607 (55,7% de lo auditado y 24,2% de lo presentado).

El monto pagado ascendió a la suma de $342.374.825.038,63. De este valor, la suma de $193.599.436.047,32 (56,5%) corresponde al reconocimiento anticipado del 25% de los recobros presentados según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 800 de 2020; y $148.775.388.991,31 (43,5%) al pago de los valores reconocidos.

Los destinatarios de los giros

Del valor total pagado ($342.374.825.038,63), fue girado a las IPS y proveedores un monto de $227.880.394.220,99 (66,5%) y a las ERP recobrantes $114.494.430.817,64 (33,5%)

Lo presupuestado para 2021

Sobre lo presupuestado debemos recordar que lo anunciado por el Gobierno Nacional fue de $5,2 billones[5], sin embargo, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) únicamente autorizó la suma de $2.303.665.665.749 como deuda pública para cumplir con lo ordenado en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019[6].

Según la información recibida de la ADRES, para el año 2021 se presupuestaron $728.000 millones, que corresponden al 15,6% del valor anunciado por el gobierno y al 31,6% de la suma autorizada por el CONFIS.

 

Algunas reflexiones y comentarios

Tal como se explicó al principio de este escrito, el papel de la ADRES es fundamental para el cumplimiento del acuerdo de punto final, reiteramos, sin que las facturas y cada uno de los ítems de recobros no sean auditadas y aprobadas no hay ninguna posibilidad de reconocerlas como deuda pública y por ende de ser pagadas.

 

Hasta el 31 de diciembre de 2020, la ADRES había auditado el 57,6% del total de ítems o cuentas presentadas, por un valor correspondiente al 43,52% de lo radicado, es decir, que el proceso de auditoria en ese año se desarrolló parcialmente.

Para agravar lo anterior, únicamente fue aprobado el 55,7% de lo auditado y el 24,2% de lo presentado.

Así mismo, el monto principal pagado (56,5%) corresponde a los anticipos establecidos en el Decreto 800 de 2020, es decir que gracias al decreto mencionado se pudieron hacer los pagos por el acuerdo de punto final, de lo contrario, estos pagos serian de menos de la mitad de lo aprobado.

Sobre el monto presupuestado en la ADRES para el 2021, este dista sustancialmente del valor anunciado por el gobierno y del monto aprobado por el CONFIS.

En consecuencia, es evidente que el acuerdo de punto final no se está cumpliendo adecuadamente, lo cual contradice los anuncios del ministro de salud en diferentes escenarios sobre montos significativamente superiores a lo aprobado y presupuestado.

Finalmente, llama la atención que sea necesario acudir a una acción de tutela para obtener una información que es pública y que como tal debería encontrarse disponible en la página web de la ADRES. Adicionalmente, la excusa dada por la ADRES al juez sobre la razón por la cual no había respondido el derecho de petición resulta pueril, asegurando que la información solicitada no estaba disponible, la cual, curiosamente, la propia entidad dispuso muy rápidamente una vez que el juez profirió la sentencia.

El acuerdo de punto final fue presentado como una gran solución para cancelar los dineros adeudados por el denominado No PBS, y según los datos mostrados en este escrito su cumplimiento ha venido siendo obstaculizado en la ADRES que ha demorado de manera significativa el proceso de auditoría, negándose además a mostrar la información y dejando dudas sobre la transparencia de la entidad.