¿Es viable financieramente la reforma a la salud?
Uno de los temas sensibles de la reforma a la salud es cuánto van a costar los cambios o ajustes que se proponen, y en consecuencia, si es realmente posible financiarlos.
Aunque el costo real únicamente se conocerá cuando esté implementada, hay varios documentos técnicos que han proyectado cuánto dinero se requiere para su ejecución, los cuales han sido redactados por expertos y publicados en diferentes medios.
Tanto en el proyecto presentado al congreso, como en otros documentos, hay información acerca del eventual costo de la reforma a la salud, los cuales presentamos a continuación.
Las cifras del proyecto
En el texto del proyecto de ley1 presentado, que se encuentra en la gaceta No. 68 del congreso de la república, si bien no existe una descripción como tal del costo que conllevaría la reforma, si se encuentran algunas cifras sobre el posible gasto en algunos de los aspectos principales.
En la página 129 de la exposición de motivos del proyecto de ley, numeral 8.3, se estima que el costo de formalización laboral de los trabajadores de la salud es de $3.39 billones anuales, sin incluir los profesionales de medicina y odontología especializada, ni precisar si contienen IPS públicas y privadas. En el documento se propone que dicha formalización sea llevada a cabo en 4 años.
Al plan de formación del talento humano en salud que se encuentra en la página 130 del proyecto, que incluye entre otros, becas crédito para la formación de profesionales en salud no médicos, creación de plazas de servicio social obligatorio, incentivos para entidades de formación, se le asignó un costo de $538 mil millones en 4 años.
La operación del sistema único de información (página 141) fue calculada en $73.000 millones anuales.
El valor anual de la operación de la ADRES para asumir las nuevas funciones que le establecería la reforma se estimó en $1.011 billones anuales.
Finalmente, el costo de los servicios de atención primaria se tasó en $24.86 billones anuales.
El documento de los ministros2
A finales de febrero del presente año, se filtró un documento elaborado por el director de planeación nacional y los ministros de hacienda, salud y agricultura, en el cual se hicieron consideraciones sobre el costo que podría implicar la reforma.
En primer lugar, dicho documento hace referencia a la obligación de que la reforma a la salud cumpla con el marco fiscal a mediano plazo, tal como lo ordena la Ley 819 de 2003.
Posteriormente, teniendo en cuenta el periodo de tiempo entre 2023 y 2030, afirman que los gastos de la Atención Primaria Integral en Salud se incrementarían en $123.6 billones y se requerirían $32.2 billones para dotación y equipamientos de los centros de atención primaria.
Igualmente, en el mencionado lapso de tiempo, habría un gasto adicional de $31.9 billones para la formalización laboral y $26.5 billones de gastos administrativos que se requieren para la operación estatal del sistema.
Finalmente, llaman la atención sobre los ingresos que se dejarían de percibir por la suspensión de las cuotas moderadoras y copagos, el costo de atender migrantes y turistas, la universalización de las prestaciones sociales e igualar la prima (UPC) de los dos regímenes, que implicarían un costo adicional de $12.8 billones.
Es importante precisar que el propio presidente de la república, controvirtió las cifras de sus ministros mediante unas publicaciones en twitter que incluían cuadros, afirmando que algunos de los montos mencionados por sus ministros no eran un gasto adicional porque, aun sin reforma, eran necesarios para la operación del sistema.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)
El comité autónomo de la regla fiscal, según la definición que se encuentra en su página web, es: “un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objeto realizar el seguimiento a la regla fiscal, así como propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio de conceptos no vinculantes”.
Entre esos conceptos, expidió el pronunciamiento No. 73 que contiene comentarios sobre el impacto en las finanzas públicas que podría tener la reforma a la salud.
En primera instancia, llama la atención sobre la necesidad de disponer de $4 a $7 billones para las modificaciones de la reforma, haciendo especialmente énfasis en los costos de construcción y operación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), sugiriendo que para reducirlos se acuda a asociaciones público privadas.
Adicionalmente, identifica cinco riesgos:
- Que los montos de los costos de construcción y dotación de los CAPS estén subestimados.
- El esquema de subsidios a la oferta en la atención primaria puede llevar a un exceso de gasto.
- Insuficiente capacidad de las regiones para gestionar los cuantiosos recursos que maneja el sistema de salud.
- Las indemnizaciones que se generarían porque la ley conllevaría a que algunas entidades no puedan continuar con su actividad legitima.
- La falta de capacidad de la nación para gestionar el riesgo en salud.
Como recomendación preliminar sugiere que se valoren y mitiguen los costos que no se han tenido en cuenta en la reforma, modificando el articulado antes de continuar con el trámite, ya que considera que están en riesgo las finanzas públicas por presiones excesivas de gasto.
A manera de conclusión…
Tanto en el proyecto de reforma como en los documentos revisados, se precisa que la reforma requiere nuevos recursos, haciendo evidente que existen señales de alarma acerca de un eventual aumento del gasto.
En consecuencia, existiría un riesgo sobre las finanzas públicas, incrementado además por algunos costos como el valor de las auditorias para la revisión de las facturas por prestación de servicios, que no han sido incluidos para medir el impacto de la misma.
La pregunta obvia que surge de la anterior conclusión es: ¿cómo se va a financiar ese nuevo gasto?
La respuesta aún no se conoce, de hecho, puede afirmarse que es un tema que no se ha tocado a profundidad en la discusión de la reforma y tampoco ha sido tenida en cuenta en los escenarios de debate en el congreso ni fuera de este.
Aunque no es posible concluir de manera contundente que la reforma sea inviable financieramente, no cabe la menor duda que existen costos no considerados y riesgos difíciles de manejar, que podrían llevar a incrementos del gasto y un eventual colapso financiero del sistema de salud, sin que se conozca realmente de donde provendrán los nuevos recursos que se requieren para su implementación.
1 Proyecto de ley No. 339 de 2023 de la cámara de representantes. Los documentos relacionados con el proyecto de ley, mencionados en este blog, pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: https://www.camara.gov.co/reforma-a-la-salud-4
2 El documento completo se encuentra en la siguiente dirección electrónica: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ministros-de-petro-presentaron-carta-con-reparos-a-reforma-a-la-salud
3 El documento completo se encuentra en la siguiente dirección electrónica: https://www.carf.gov.co/
Muchas gracias por la publicación.