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Aunque es posible que existan varias normas previas, mediante el Decreto 4747 de 2007 se estableci\u00f3 expresamente el marco de referencia de los acuerdos de voluntades entre EPS e IPS.
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A ra\u00edz de la expedici\u00f3n del Decreto 780 de 2016, en el cual se compilaron las normas del sector salud, el Decreto 4747 fue incorporado en su Cap\u00edtulo 4 del T\u00edtulo 3 de la Parte 5 del Libro 2.
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Es precisamente esa parte del decreto 780, el que es sustituido en su totalidad por el Decreto 441 de 2022.
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La principal justificaci\u00f3n para la expedici\u00f3n del decreto 441, es la necesidad de establecer elementos m\u00ednimos de los acuerdos de voluntades para garantizar el acceso de los colombianos al sistema de salud, tal como se desprende de la parte considerativa del mencionado acto administrativo.
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Adem\u00e1s de la anterior, de manera resumida, las justificaciones para expedir el decreto son las siguientes:<\/p>\n
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Teniendo en cuenta los inconvenientes identificados y mencionados en el punto anterior, a grandes rasgos, los principales ajustes incluidos en el decreto son los siguientes:<\/p>\n
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Es importante precisar que el decreto trae muchas disposiciones m\u00e1s, varias de ellas incluidas en normas previas, por lo cual estas no representan ning\u00fan cambio con relaci\u00f3n al decreto 4747.
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Finalmente, la implementaci\u00f3n de las disposiciones previstas en el decreto ser\u00e1 el 1 de mayo de 2022 para los nuevos acuerdos y el 1 de julio para aquellos que est\u00e1n en curso.
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Revisada la parte considerativa del decreto, es posible afirmar que el diagn\u00f3stico es adecuado. Consecuentemente, los elementos y lineamientos que se incluyen en el decreto parecen resolver los inconvenientes que se vienen presentando entre los aseguradores y los prestadores.
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A su vez, se insiste, el decreto contiene normas que existen como los intereses moratorios por el retraso en el pago.
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De otro lado, es cuestionable que el gobierno reglamente los acuerdos de voluntades que son decisiones entre privados, aunque involucran recursos p\u00fablicos. La posici\u00f3n dominante por parte de las EPS es una realidad, pero tambi\u00e9n es cierto que hay normas generales sobre el abuso de esta posici\u00f3n, que han sido aplicadas en el pasado, por tanto, no requieren reglamentaci\u00f3n adicional.
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En todo caso, es imprescindible tener en cuenta que cualquier acuerdo, reglamentado o no, solo se cumplir\u00e1 por la voluntad de las partes, es decir que no depende de una norma, sino de la decisi\u00f3n de cada parte de hacer lo que se comprometi\u00f3.
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No deja de ser significativo e importante el esfuerzo del gobierno al expedir el decreto, que deber\u00eda acompa\u00f1arse del compromiso para aplicar las medidas que correspondan en caso de que cualquier actor del sistema de salud incumpla las normas, oblig\u00e1ndolo a ajustarse a ellas, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
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En conclusi\u00f3n, el solo hecho de existir una norma reglamentaria no soluciona los inconvenientes o garantiza per se que se cumpla lo que en ella se establece, y de no corregirse las severas deficiencias del sistema de inspecci\u00f3n, vigilancia y control, este tipo de esfuerzos corren el riesgo de quedar en letra muerta.
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